La reforma establece que los candidatos a la Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la CDMX deberán renunciar a una segunda nacionalidad si la poseen.
Este rechazo se suma a las voces de la oposición en México, que también han criticado la medida, argumentando que podría afectar los derechos humanos y la inversión extranjera.
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