Esta medida, impulsada por la ministra de Sanidad, Mónica García, busca aliviar la presión sobre miles de familias afectadas por la especulación inmobiliaria. El plan incluye la prohibición de compra de vivienda por fondos buitre y la regulación de alquileres temporales.
La decisión se produce tras un intenso movimiento social que exigía acciones concretas para garantizar el derecho a una vivienda digna. El gobierno de izquierda busca así dar una respuesta contundente a una de las principales preocupaciones ciudadanas.
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